En una sesión clave del Congreso Nacional de Intendentes, el gobierno nacional y los diecinueve gobiernos departamentales alcanzaron un acuerdo trascendental sobre la distribución de recursos del Presupuesto Nacional para el período 2025-2029, en cumplimiento del artículo 214º de la Constitución de la República.
Este pacto, sellado en el marco de la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD), garantiza la mayor transferencia de recursos de la historia hacia los gobiernos departamentales, con un enfoque en la sostenibilidad fiscal, la transparencia y el fortalecimiento de los municipios.
En la negociación participó el secretario general de la Intendencia de Maldonado, doctor Álvaro Villegas. Maldonado será el tercer departamento, detrás de Montevideo y Canelones, en recibir las mayores partidas desde del gobierno nacional.
Montos
El acuerdo establece que los gobiernos departamentales recibirán el 3,33% de los recursos nacionales, conforme al artículo 214, calculado sobre los tributos y exclusiones actualmente considerados, con un piso mínimo de $26:200.000.000 (a valores promedio de 2025, ajustados anualmente por el Índice de Precios al Consumo – IPC).
Este monto asegura una base financiera sólida para las intendencias, incluso en escenarios de menor recaudación. Sin embargo, para aquellos gobiernos departamentales que no cumplan con los compromisos de gestión establecidos, el porcentaje se reducirá al 2,9%, con un mínimo de $22:800.000.000, también ajustado por IPC. En caso de aplicarse este mínimo, la diferencia respecto al 3,33% será descontada en ejercicios posteriores, respetando siempre la base mínima garantizada.
La distribución entre los departamentos mantendrá las metodologías de cálculo y alícuotas vigentes establecidas en el artículo 674 de la Ley Nº 19.355, asegurando continuidad y previsibilidad en la asignación de fondos. Este esquema responde a las demandas históricas de las intendencias, que han reclamado una actualización en los criterios de reparto para reflejar mejor las necesidades de cada región.
Transparencia y eficiencia
Un pilar fundamental del acuerdo es el establecimiento de compromisos de gestión que las intendencias deben cumplir para acceder al porcentaje completo del 3,33%. Cada intendencia designará un referente único para centralizar el seguimiento de estos compromisos y actuar como interlocutor oficial ante la CSD. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) convocará un Comité Evaluador, integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la OPP y el Congreso de Intendentes, que elaborará un informe anual al 31 de julio para verificar el cumplimiento.
Entre los compromisos destacan el cumplir las resoluciones unánimes del Congreso de Intendentes, presentar en tiempo y forma la información presupuestal, financiera, de deuda y sostenibilidad fiscal, publicar en las páginas web de las intendencias todas las normas obligatorias, conforme a la Ley de Transparencia, así como los presupuestos y rendiciones de cuentas dentro de los 30 días de su presentación al Tribunal de Cuentas.
También difundir en las plataformas digitales y en el portal de Compras Estatales la información sobre compras públicas, según el artículo 50 del TOCAF y mantener al día los pagos de servicios públicos a organismos como UTE, OSE, ANTEL, Correos y ANCAP, con un máximo del 11% del crédito afectado para servicios públicos y un 10% adicional para ANCAP.
Asimismo, deberán transferir los recursos del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) a cuentas bancarias municipales en plazos razonables, salvo acuerdos específicos que permitan a las intendencias administrar ciertos fondos.
Por otra parte, se creará una mesa de compensación en la CSD para abordar las obligaciones mutuas entre intendencias y organismos nacionales, promoviendo una relación financiera más ordenada y transparente.
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios
El FIGM, regulado por la Ley Nº 19.272, recibirá un significativo aumento en sus partidas para 2025, destinadas a programas presupuestales municipales: Literal A: $254.988.712 (a valores de enero de 2025, ajustados por IPC), distribuidos en partes iguales entre todos los municipios del país, financiados por Rentas Generales.
Literal B: $1.574.355.710, distribuidos según criterios de la CSD, con un aporte de $368.768.004 de Rentas Generales. Estos recursos no podrán destinarse a gastos de personal, y al menos el 30% debe invertirse en infraestructura o gestión de residuos, con un tope del 50% para compra de maquinaria.
Literal C: $638.252.170, destinados a proyectos sujetos al cumplimiento de metas de gestión, con un aporte de $212.750.750 de Rentas Generales. En caso de incumplimiento, los fondos excedentes se redistribuirán entre los municipios cumplidores. El Poder Ejecutivo, a través de la OPP, podrá aportar recursos adicionales y asistencia técnica para proyectos cofinanciados que se alineen con políticas nacionales, fortaleciendo la capacidad de los municipios para ejecutar iniciativas de impacto local.
Programas clave para el desarrollo departamental
El acuerdo también refuerza programas estratégicos para el desarrollo regional como el Programa de Caminería Departamental. El Proyecto 999 contará con $667:323.000 y el Proyecto 994 con $1.039:000.000 (a valores de enero de 2025, ajustados por IPC). Los gobiernos departamentales aportarán una contrapartida del 30%, que podrá destinarse al Proyecto 999.
Fondo de Desarrollo del Interior
A partir de 2026, el FDI se incrementará al 45%, con una asignación anual de $3.300:553.033. El 85% será financiado por el fondo y el 15% por los departamentos, destinando al menos un 3% a proyectos de desarrollo productivo. La CSD definirá criterios mínimos de inversión en territorios municipalizados.
Fondo de Inversiones Estratégicas
Se creará un fondo de 80 millones de dólares para 2027-2029, con 45 millones para Montevideo y Canelones, y 35 millones para el resto de los departamentos, sin contrapartida y con aprobación de la CSD.
Fondo Nacional de Pre-inversión
Se facilitará el acceso a estudios financiados hasta en un 70%, promoviendo proyectos estratégicos.
Subsidio de alumbrado público
Se asignarán $400.000.000 (ajustados por tarifas), distribuidos según la facturación de UTE, con la condición de que los departamentos estén al día con sus pagos.
SUCIVE
Rentas Generales aportará hasta $205.000.000 anuales para su funcionamiento y desarrollo.
Un hito para la descentralización
El presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó la importancia de este acuerdo como un reflejo del compromiso con la descentralización y la calidad institucional. En tanto, José Luis Falero, subrayó que las transferencias a los municipios crecerán un 60% respecto al quinquenio anterior, consolidando una política de austeridad que optimiza el gasto sin afectar las políticas sociales y de género.
