El gobierno renovó el contrato con la empresa que desde el año 1958 explota el padrón ubicado en la faja costera sobre la rambla de los Ingleses, de Piriápolis donde funciona el conocido restaurante “Puertito don Anselmo”.
El contrato de concesión tenía más de veinte años vencido y su origen se remonta al 22 de julio de 1958 cuando la Dirección General de Catastro lo entregó en régimen de concesión al empresario Anselmo Meirana. El recordado comerciante fue quien luego de obtener la autorización para explotar el predio construyó la edificación que alberga al reconocido restaurante, uno de los clásicos de la oferta gastronómica del país.
Luego de fallecido el creador del restaurante, el 7 de abril de 1978 la concesión quedó a cargo de su viuda, doña Juana Celeste González. Diez años más tarde, el 3 de agosto de 1988 fue firmado el contrato de concesión de “uso de dominio público y fianza” entre la Dirección General de Catastro y las empresarias Juana Celeste González Ruiz y María Celeste Giovine González. En esa ocasión se acordó el pago de un canon de Nuevos Pesos 1.450.000 anuales, pagaderos de forma semestral, por adelantado, reajustable anualmente de conformidad con la variación del valor de la Unidad 2 Reajustable de Alquileres (U.R.A.) y para el caso de atraso se estableció un interés moratorio del 7% mensual.
El plazo de la concesión fue de diez años y se acordó que las mejoras al término de la concesión quedarán en beneficio de la propiedad y se estableció “de cargo y cuenta exclusivo de la concesionaria el pago de los consumos de agua, luz, teléfono, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones”.
El 15 de noviembre de 1989 Juana Celeste González Ruiz “cede y transfiere libre de obligaciones y gravámenes los derechos y obligaciones” del contrato de concesión que antecede a Mario Fiorino, Arturo y María Celeste Giovine González. Posteriormente, el 7 de marzo de 1991 los concesionarios cedieron sus derechos a la firma “Puertito Don Anselmo Limitada”. Un informe del 4 de junio de 1997 destacó el hecho de que el lugar fue explotado siempre por la misma familia y que los concesionarios estaban al día con sus obligaciones.

Obligaciones cumplidas
El 23 de junio de 2020 el administrador de la firma sostuvo que la firma siempre cumplió con sus obligaciones. “Ya entrados en años todos los integrantes”, los efectos de la Pandemia, han llevado a que se encuentre cerrado desde el 15/03/2020 por lo que resulta necesario hacer reformas al local “para posicionarlo ante las nuevas demandas de servicios de la época que vivimos”, y a los efectos de evitar el despido de empleados y “un prolongado cierre que inevitablemente llevaría al deterioro de todas las instalaciones ante un eventual cese de actividades”. En una comunicación presentada por la firma fue notificado el estado de los nuevos socios de la empresa, Aldo Marcelo Braida González y su esposa la Sra. Flavia Regno Reboredo y quedando como integrante de dicha sociedad el actual socio Mario Fiorino Giovine González y actual integrante de la concesión, todos con cuotas iguales, solicitando la autorización de Catastro para la cesión de cuotas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Sobre este punto, la asesoría de la Dirección Nacional de Catastro recomendó como oportuno la renovación del contrato de concesión del inmueble de referencia “Apreciando la coyuntura actual del sector gastronómico debido a la emergencia sanitaria que sufre en la actualidad la región, y poniendo en consideración la trayectoria y calidad de buen pagador que ha tenido dicha sociedad con esta Unidad Ejecutora a lo largo de los años, sumado al proyecto de inversión edilicia que se compromete a realizar en dicho inmueble, que además de resultar necesario para la conservación del bien, se adecuaría a la nueva normativa.”
Por esta razón el gobierno dispuso la concesión del predio por otros diez años más y con un nuevo canon anual de $422.788