El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno desestimó una demanda de recusación presentada por la defensa del dirigente sindical argentino Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege contra la jueza Diovanet Olivera Cardozo, titular del Juzgado Letrado de Crimen Organizado de 2° Turno.
La resolución del pasado martes 3 de noviembre confirma que no existe prejuzgamiento por parte de la magistrada en el marco de un complejo proceso de cooperación internacional con Argentina, relacionado con acusaciones de lavado de activos y asociación ilícita.
El fallo surge de un incidente promovido por el abogado defensor Fernando Torres, quien argumentó que la jueza Olivera había emitido una opinión anticipada sobre medidas cautelares –como el allanamiento y secuestro de bienes en la propiedad “El Gran Chaparral” en Playa Verde, Maldonado– mientras pendía una demanda de nulidad basada en “hechos nuevos y prueba superviniente” presentada el 11 de agosto de 2025.
Según la defensa, esta acción afectaba la imparcialidad de la jueza, violando principios como el non bis in idem (no juzgar dos veces por el mismo hecho) y la cosa juzgada.
En su resolución, el Tribunal –integrado por jueces que no se especifican en el documento– rechazó estos argumentos, afirmando que la decisión de la jueza del 2 de septiembre de 2025, que autorizaba el allanamiento para incautar bienes como joyas y propiedades, no constituía prejuzgamiento. “Los agravios que efectúa ahora no estaban en conocimiento y por lo tanto no fueron manejados por la A-quo por lo cual es ocioso decir, que jamás pudo opinar (previamente) de algo que desconocía”, señala el fallo. El Tribunal enfatizó que la jueza actuaba en cumplimiento de un exhorto internacional argentino, y que cualquier disconformidad debe canalizarse a través de recursos recursivos, no mediante recusación.
Antecedentes del caso
De la extradición al lavado de activos, Marcelo Balcedo, exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) en Argentina, y su esposa Paola Fiege, fueron detenidos en Uruguay en enero de 2018 tras un pedido de extradición emitido por el Juzgado Federal de La Plata N° 3, a cargo del juez Ernesto Kreplak. La investigación argentina los vincula a una presunta asociación ilícita involucrada en lavado de dinero procedente de delitos como administración fraudulenta, extorsión y posibles conexiones con el narcotráfico, aunque este último aspecto fue descartado en un fallo reciente. El proceso, iniciado bajo la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (Nassau) y el Protocolo de San Luis del Mercosur, llevó a la aprobación de la extradición en marzo de 2018, aunque su entrega efectiva fue suspendida por una solicitud de refugio político presentada por la pareja. En octubre de 2020, Balcedo y Fiege fueron condenados en Uruguay a libertad vigilada por lavado de activos, con bienes embargados por un monto inicial de US$ 12 millones, elevado luego a US$ 26 millones a pedido argentino.
La defensa ha cuestionado estas medidas, argumentando desproporcionalidad y duplicidad de juicios. Un fallo argentino del 25 de marzo de 2025, dictado por el Tribunal Oral Federal de La Plata N° 1 (juez Michillini), condenó a otros 11 implicados en la causa principal por un monto total de US$ 1,7 millones, excluyendo referencias directas al narcotráfico contra Balcedo y Fiege.
Esto motivó recursos de nulidad en Uruguay, incluyendo un pedido de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, alegando que la justicia argentina indujo en error a las autoridades uruguayas.
Implicancias
La decisión del Tribunal de Apelaciones permite que la jueza Olivera continúe al frente del caso, donde aún penden ejecuciones de medidas cautelares, como el secuestro de bienes designando a Balcedo y Fiege como depositarios judiciales. El allanamiento en “El Gran Chaparral” se realizó el 18 de septiembre de 2025, en presencia de Fiscalía, Interpol y un experto en arte del Ministerio de Educación y Cultura. Fuentes judiciales consultadas indican que el proceso podría extenderse, dado el historial de apelaciones y la complejidad internacional. Balcedo, quien en Argentina enfrenta acusaciones por malversación de fondos sindicales, ha negado las imputaciones, alegando persecución política. Ni la defensa ni la Fiscalía han emitido declaraciones inmediatas sobre el fallo. Este caso destaca las tensiones en la cooperación judicial entre Uruguay y Argentina, especialmente en delitos transnacionales como el lavado de activos, y pone en relieve la propiedad de Balcedo en Maldonado, valorada en millones de dólares y centro de las incautaciones.
