Un tribunal de apelaciones en materia civil desestimó la demanda por daños y perjuicios radicada por la firma Landera Sociedad Anónima, propietaria del supermercado “El Clon”, contra la Intendencia de Maldonado y el Centro Comercial Maldonado – Punta del Este.
La demanda de “El Clon” también alcanzó al entonces empresario Juan Pígola, hoy director general de tránsito y transporte de la comuna, por su participación en la comisión asesora en materia de grandes superficies y en primera instancia fue radicada en el año 2013 en el juzgado civil de 5º turno de Maldonado a cargo de la doctora Claudia Valletti quien desestimó el planteo.
El fallo fue recurrido tanto por la empresa Landera SA como por los demandados por lo que el expediente pasó a la órbita del tribunal de apelaciones en lo civil de 5º turno.
La sentencia en segunda instancia fue dictada el pasado 21 de abril por el citado tribunal de alzada.
El fallo en primera instancia amparó la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el Centro Comercial e Industrial Punta del Este –Maldonado y, además, desestimó la demanda sin especial condena procesal.
Contra dicho pronunciamiento se alzó primeramente la parte actora, en apelación directa, agraviándose, en síntesis, por entender que en la recurrida fue incorrectamente valorada la prueba y desestimada la legitimación pasiva del co-demandado Centro Comercial e Industrial Punta del Este – Maldonado, haciendo hincapié en la demora del procedimiento administrativo y en lo que considera son interpretaciones erróneas de los supuestos de responsabilidad del Estado, no debiendo confundirse actividad lícita con actividad inmune; finalmente, realiza precisiones respecto de los daños reclamados.

Razonamientos falaces
El tercero citado al proceso Sr. Juan Pigola, al evacuar el traslado conferido, contesta y adhiere al recurso de apelación, expresando, en lo central, que la parte actora formula agravio por la declaración de la falta de legitimación pasiva del Centro Comercial e Industrial Punta del Este – Maldonado, pero no menciona en qué consistiría aquél; en cuanto al mérito, entiende que la empresa pretendía que no se ejercieran controles, siendo justificables los plazos insumidos en un procedimiento que se desarrolló correctamente; estima que la apelante recurre a razonamientos falaces y tergiversación de la prueba allegada. Deduce adhesión por considerar que se debió condenar en costas y costos al citante, por la infundada convocatoria como tercero.

Hechos
La demanda de Landera, cuya marca es “El Clon” accionó contra la Intendencia de Maldonado, contra el Ministerio de Economía y el Centro Comercial Punta del Este – Maldonado.
La firma reclamó por daños y perjuicios que postula causados por la demora en tramitar una habilitación administrativa para iniciar su actividad comercial, mediante la instalación de un supermercado. De manera preliminar, cabe consignar que la accionante llegó a un acuerdo con el Ministerio nombrado, quedando éste fuera del litigio.
La firma actora efectuó el 9 de octubre de 2007 una consulta viabilidad ante la Comisión de Zonificación (CAZIC). Afirmó que ante un informe favorable de ésta y el antecedente de que en el mismo sitio había funcionado un supermercado “TATA”, se abocó a la inversión correspondiente para poner a funcionar el negocio.
Empero, el tribunal entendió que el informe favorable de la CAZIC no fue tal, dado que la misma advirtió que debía expedirse la Comisión de Grandes Superficies, debido al área del local-
Además, que ante lo advertido, asumir el riesgo de continuar con la inversión cuando todavía no se habían expedido la Comisión Departamental de Protección a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ni el Gobierno Departamental, constituyó un riesgo empresarial cuyas consecuencias no resultan trasladables a los demás litigantes.
La demora que agravia a la recurrente refiere a dos aspectos: la pretendida actuación irregular del órgano de asesoramiento, y el tiempo transcurrido, considerado en sí mismo, por inacción de la Intendencia aludida en algunos tramos.
El tribunal recordó que por norma legal fue creada la Comisión Departamental de Protección a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal, en este caso, del Departamento de Maldonado, como órgano asesor del Intendente; integrada por un representante de la Intendencia, otro del Ministerio de Economía y Finanzas, otro de los comerciantes (el referido Juan Pígola) y por último, uno por los consumidores, que en el Departamento de Maldonado permanece vacante. Se trata de un órgano dotado de autonomía técnica, de conformidad con la mencionada ley, es el Intendente quien tiene la potestad de rechazar o aprobar los proyectos, tras el asesoramiento no vinculante de la Comisión. En caso de rechazo del proyecto, no puede volver a presentarse por 24 meses.
“La simple lectura de la Ley citada evidencia que la Comisión tiene plazos para expedirse, y que en ciertas circunstancias pueden ser prorrogados: No basta sostener que le llevó mucho tiempo llegar a las conclusiones a las cuales arribó, sino que debe probarse la ilicitud concreta en que se habría incurrido, no observándose por esta Sala violación de los plazos. Se pretende llamar la atención sobre pronunciamientos con mayor celeridad en casos presentados por otras sociedades comerciales, que no se acreditan ni tendrían relación específica con el presente, puesto que no ha de estarse ante una hipotética generalidad sino a las particulariades de cada caso”, señaló la sentencia en segunda instancia.
“Si bien la Comisión aconsejó al Intendente no aprobar la solicitud de la accionante, tampoco dejó cerradas las puertas al sugerir – en actitud asaz garantista – que se buscara una segunda opinión en la UDELAR, consejo seguido por el Intendente. La ley no exige que la Comisión se expida favorablemente, ni que el contenido de su asesoramiento tenga que coincidir con los realizados por otros organismos públicos o privados, sino únicamente que su consejo -no vinculante- sea fundado”, agregó.

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